Si el coronel Labbé va preso porque un tipo dice que él lo torturó hace 43 años, quiere decir que la justicia en Chile es una parodia. Cualquier estudiante de primer año de leyes, que haya empezado a leer el manual de derecho romano, le diría al juez que el supuesto delito está prescrito y cubierto por una ley de amnistía. Y si el juez le argumentara que es un delito “de lesa humanidad” y no prescribe ni es amnistiable, el mismo estudiante, si sólo leyera el diario, le replicaría que ese delito se creó en Chile por una ley de 2009 que no se puede aplicar retroactivamente, según un precepto básico del derecho penal ancestral; que además la tal ley dice expresamente que no se aplica a hechos anteriores a su vigencia. Y el estudiante más encima podría añadirle que la tipificación que esa ley hace de los delitos de lesa humanidad ni siquiera corresponde a lo que el supuesto torturado dice que le hizo el coronel Labbé en 1973.
Pero esa es una discusión ociosa, porque es jurídica, y aquí los jueces de izquierda, que son mayoría en la Corte Suprema, confesaron en 2010 que ellos, a los militares (r) procesados, no les respetan las leyes.
Lo que pasa es que éste no es un tema jurídico: es un tema “de facto”. Si usted se sale con la suya sin respetar las leyes, tanto mejor para usted. En ese sentido Chile es, en muchas materias, “un país de facto”.
Si aquí antes se respetaban más las leyes no era tanto en virtud de un predicamento moral, sino por temor a los militares, porque incluso “la doctrina legalista de Schneider”, de 1970, si bien comenzaba sosteniendo que los uniformados no debían intervenir en política, terminaba diciendo que sí debían hacerlo si otro poder del Estado se apartaba de la legalidad, para restablecerla. Pero cuando el Poder Judicial abandonó la legalidad y los jueces violaron abiertamente las leyes, en el juicio a Pinochet, los militares no sólo no hicieron ni dijeron nada sino que, al contrario, el Comandante en Jefe del Ejército, general Cheyre, dijo que éste era responsable de todo lo malo que había sucedido después de 1973. Fue una rendición incondicional ante la justicia de facto de los jueces de izquierda y éstos se siguen hasta hoy aprovechando de ella.
Cuando el ministro Alejandro Solís, que metía militares presos como quien cumple una lista de compras, se acogió a retiro por edad, apareció ahora el ministro Álvaro Mesa, en Temuco, que los manda a la cárcel por legión y al cual tampoco le importa un pepino lo que dispone el derecho.
Yo escribí un libro en 2000, “La Verdad del Juicio a Pinochet”, probando que en ese proceso se habían atropellado las leyes, sobre el cual el historiador Gonzalo Vial, siendo adverso al ex Presidente, escribió: “Hermógenes Pérez de Arce escribió un lúcido y provocador análisis jurídico de las ilegalidades legales y procesales cometidas (afirmaba) por el ministro Guzmán en el juicio a Pinochet. Nadie recogió el guante. No era el derecho el tema fundamental que se disputaba”.
Pues el tema es otro: es la audacia, la acción de facto. El juez Carroza mandó preso al coronel Ceballos Jones por haber dado muerte mediante torturas al general Bachelet en 1974, cosa que todo el mundo sabía y sabe que no es verdad, porque el general compartía celda con el senador socialista Eric Schnake, quien reveló que, pese a su condición cardíaca, aquél se puso a jugar básquetbol una mañana en la cárcel, se sintió mal a raíz de ello y finalmente murió de un infarto. Eso sin hablar siquiera de prescripción, amnistía ni estado de derecho. Simples hechos. Ahora Carroza ha debido liberar a Ceballos Jones porque se ha dado cuenta tardíamente de que su perseguido perdió la razón y ni siquiera sabe que un juez de izquierda se está vengando de él, imputándole un asesinato que no cometió.
Como bien ha dicho Labbé, aquí se ha traspasado otro límite. Y ha hecho bien en declarar, acerca del principal cómplice de los jueces de facto: “Piñera tiene una deuda importante con los militares, que no es un concepto de lealtad, hay una cosa más dura, que se llama traición… prometió que iba a hacer que la justicia imperara… Hizo exactamente lo contrario: cerró el penal Cordillera, aumentó de 100 a 1.500 las causas, cuadruplicó el equipo de abogados que persigue a los militares en el Ministerio del Interior. Creo interpretar a un número importante de militares, soy presidente de los coroneles, que no va a votar por el en ningún caso”.
Que lo oiga la nueva “derecha de facto” que, obnubilada por las encuestas y obviando el más negro de los prontuarios entre todos los candidatos, se ha sumado a la ilegalidad que ha convertido a Chile en “un país de facto”
